Entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2024, el
OCAD Paz aprobó 102 proyectos en dos convocatorias. La inversión total alcanzó
$1,14 billones, de los cuales
$1,12 billones provienen de la Asignación para la Paz.
Estos proyectos están orientados a cerrar brechas sociales y económicas en los Municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), ateniéndose sus particularidades y visión de desarrollo local.
El 90% de los recursos se destinaron a Transporte ($428 mil millones, 30 proyectos),
Agricultura ($366 mil millones, 29 proyectos) y
Vivienda ($218 mil millones, 31 proyectos), como se muestra a continuación en los porcentajes de aprobación por sector.
Porcentaje de proyectos aprobados por sector (Transporte, Agricultura, Vivienda, Minas y energía, Educación e Inclusión social).
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1
Transporte
30 proyectos
$428 mil millones (38%)
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2
Agricultura y desarrollo rural
29 proyectos
$365 mil millones (32%)
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3
Vivienda, ciudad y territorio
31 proyectos
$217 mil millones (19%)
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4
Minas y energía
7 proyectos
$58 mil millones (5%)
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5
Educación
3 proyectos
$37 mil millones (3%)
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6
Inclusión social y reconciliación
2 proyectos
$18 mil millones (2%)
Fuente: Sistema General de Regalías del Departamento Nacional de Planeación, DNP, 2025.
Destino de los
recursos aprobados (2023-2024)
El
80% de los recursos asignados a la paz durante el bienio 2023-2024 se destinan a
mejorar la infraestructura, fortalecer la producción rural y promover el desarrollo social.
A continuación, se destacan algunos de los
principales logros:
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148 km de vías secundarias y terciarias mejoradas.
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Más de 7.000 pequeños productores rurales beneficiados con
activos productivos y de comercialización.
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3.218 viviendas dotadas con nuevas unidades sanitarias secundarias
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11 documentos de ordenamiento territorial revisados, actualizados y formulados.
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1 acueducto optimizado para mejorar el
acceso al agua.
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459 sedes educativas rurales equipadas con
mobiliario escolar.
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704 docentes y agentes educativos formados en la
Cátedra de Paz.
Estas inversiones mejoran la infraestructura, fortalecen la productividad y consolidan la presencia del Estado en los territorios históricamente afectados por el conflicto.